El Conseller responde a Compromís que la carencia de recursos y la situación de ruina económica en la que se encuentra la Generalitat obliga a posponer la construcción de esta infraestructura judicial en la capital del Camp de Túria.

El ayuntamiento de Llíria, en sesión de Pleno de fecha 19 de enero de 2006, cedió a la Generalitat Valenciana un solar de más de 2.050 m2 mediante un convenio bilateral con el objetivo de ubicar el nuevo Palacio de Justicia que abarcaría a todo el partido judicial de Camp de Túria y Serranos.

Según el portavoz de Compromís per Llíria, Paco García Latorre, el convenio contemplaba una cláusula donde decía que la construcción de este edificio se tenía que hacer en un plazo máximo de 5 años y mantener su uso al menos los 30 años siguientes.

De hecho, el convenio está caducado y totalmente desvirtuado por la inoperancia e incapacidad de la Generalitat de dotar en más de 6 presupuestos el dinero necesario para poder hacer este equipamiento y sustituir las obsoletas y masificadas dependencias de los actuales juzgados, que han tenido que ser reubicados en plantas bajas de la localidad para poder continuar prestando los servicios.

García apunta que han transcurrido más de 6 años desde que se hizo el anuncio a bombo y platillo de la dotación de este edificio en la localidad de Llíria, donde el ayuntamiento hizo el esfuerzo de ceder un espacio adecuado para su construcción. Ahora, 6 años después, el PP ha fracasado una vez más y ha incumplido una promesa que era factible, y que por la mala gestión de los dirigentes autonómicos populares, hemos visto como el nuevo Palacio de Justicia de Llíria ha desaparecido de las prioridades del Consell.

Compromís también preguntó al Conseller sobre la dotación y puesta en funcionamiento de 5 nuevos juzgados “con carácter urgente” en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y Orihuela. Así como dónde se iban a ubicar, con qué presupuesto se contaba y de qué personal iban a disponer.

La contestación ha sido que ahora esta todavía pendiente la resolución del Ministerio y que por lo tanto no se puede determinar los gastos que harían falta para poder ponerlos en funcionamiento. Al igual que se respondía que se dotaban unas cantidades mínimas para adecuar los actuales espacios judiciales y apañarse los funcionarios y usuarios con lo que hay actualmente.

Esto demuestra que el PP sólo sabe hacer la política del cartel anunciador y de la promesa electoral, sin ninguna previsión ni rigor, engañando a los contribuyentes y destinado el dinero a eventos y obras faraónicas poco productivas o sociales.

Compromís, ante el flagrante incumplimiento del Consell, propondrá en el próximo pleno municipal de Llíria la denuncia del convenio de cesión y la reversión de los terrenos que el ayuntamiento facilitó a la Conselleria de Justícia para el nuevo Palacio de Justicia que no está previsto hacer, recuperando la titularidad.