El pleno municipal rechazó incluir a Marines en la red de municipios que se han declarado opuestos a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). En la noche del pasado jueves, la moción de Compromís por Marines (2 votos) fue rechazada por los votos en contra del PP (3 votos) y la abstención del equipo de gobierno del PSOE (4 votos).
En 2013, la Comisión Europea, con el apoyo de los dos grandes partidos, populares y socialdemócratas, recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. El TTIP es un tratado que pretende crear una zona de libre comercio entre EEUU y la UE. Es un acuerdo de marcado carácter neoliberal, mediante el cual se pretenden eliminar aranceles y abrir los respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública, pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y servicios. Este tratado tiene un supuesto objetivo en la creación de empleo, el crecimiento económico y la mejora de la competitividad.
Sin embargo, las negociaciones se están llevando a cabo con un total déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo), sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en detalle de lo que se ha acordado hasta ahora. Por lo que se ha llegado a saber, la Comisión Europea se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbies. No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con organizaciones protectoras del consumidor.
EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dichos inversores con los Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con la cláusula de “Resolución de conflictos Inversor-Estado”. Este tribunal tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser cuestionadas. Esto supone, en definitiva, poner los intereses de las multinacionales por encima de los intereses de la ciudadanía. Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados.
El TTIP pretende crear un ente permanente llamado Organismo de Cooperación Reguladora que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del tratado, dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar en su beneficio la legislación actual y futura. Es decir, se siguen anteponiendo los intereses de las multinacionales a los de la ciudadanía.
El acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso a todos los sectores de la economía sin discriminación alguna. Así es que, el TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las multinacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local. Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y estadounidenses, es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que dichas regulaciones se enfrentan a los beneficios de las corporaciones.
En resumen, el TTIP pretende ser un amplio acuerdo de liberalización del comercio y las inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general. Según los sindicatos, el acuerdo ahondará en los recortes sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería, agrocombustibles, azúcar). Además, el TTIP puede facilitar la supresión de regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales.
Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.
Por otro lado, el pleno aprobó la moción conjunta de Compromís y PP que restablecía la mensualidad de las sesiones plenarias ordinarias. Con los votos a favor de los proponentes se restableció la periodicidad de los plenos que el equipo de gobierno había modificado en el pleno anterior valiéndose de la ausencia, por motivos laborales ineludibles, de la portavoz del PP.
Otra moción conjunta de Compromís y PP, concerniente al control de lo publicado en el Boletín Informativo Municipal (BIM) y la apertura de su contenido a la participación de los partidos políticos y demás asociaciones sociales y culturales, fue retirada del orden del día a la vista de un informe de la Secretaría Municipal que consideraba ilegal su tramitación ya que supuestamente afectaba a una competencia de la Alcaldía y no del pleno. Los partidos proponentes de la moción comunicaron al pleno que se estudiaría la situación y se volvería a presentar la moción una vez subsanados los supuestos motivos de ilegalidad.
EL PLE MUNICIPAL REBUTJA DECLARAR A MARINES MUNICIPI OPOSAT A l’APLICACIÓ DEL TTIP
El ple municipal va rebutjar incloure a Marines en la xarxa de municipis que s’han declarat oposats a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). En la nit del passat dijous, la moció de Compromís per Marines (2 vots) va ser rebutjada pels vots en contra del PP (3 vots) i l’abstenció de l’equip de govern del PSOE (4 vots).
En 2013, la Comissió Europea, amb el suport dels dos grans partits, populars i socialdemòcrates, va rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió. El TTIP és un tractat que pretén crear una zona de lliure comerç entre els EUA i la UE. És un acord de marcat caràcter neoliberal, mitjançant el qual es pretenen eliminar aranzels i obrir els respectius mercats a la inversió, els serveis i la contractació pública, però sobretot intenten homogeneïtzar els estàndards, les normes i els requisits per a comercialitzar béns i serveis. Aquest tractat té un supòsit objectiu en la creació d’ocupació, el creixement econòmic i la millora de la competitivitat.
No obstant açò, les negociacions s’estan duent a terme amb un total dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu), sense que les organitzacions civils hagen tingut coneixement detalladament del que s’ha acordat fins ara. Pel que s’ha arribat a saber, la Comissió Europea es va reunir, en la fase més important, exclusivament amb empresaris i els seus lobbys. No va haver-hi una sola trobada amb organitzacions ecologistes, amb sindicats, ni amb organitzacions protectores del consumidor.
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de presentar-se conflictes per part de aquests inversors amb els Estats, un tribunal especial d’arbitratge s’encarregaria de resoldre’ls d’acord amb la clàusula de “Resolució de conflictes Inversor-Estat”. Aquest tribunal tindria competències per a imposar compensacions econòmiques dels Estats als inversors estrangers, sempre que aquests demostren que aquells apliquen certes mesures (p. ex. l’augment d’estàndards mediambientals o sanitaris) que reduïsquen els seus beneficis presents o futurs. L’Estat no podria en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans d’arbitratge són ferms i no poden ser qüestionades. Açò suposa, en definitiva, posar els interessos de les multinacionals per sobre dels interessos de la ciutadania. Açò significa, de fet, limitar la capacitat de les Administracions Públiques de qualsevol nivell (estatal, autonòmic o municipal), per a adoptar polítiques en les àrees de salut pública, medi ambient o protecció social i laboral per temor a les possibles indemnitzacions a les quals haurien de fer front en ser demandats.
El TTIP pretén crear un ens permanent anomenat Organisme de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les regulacions i actes normatius de la UE i els seus Estats membres, inclosos els governs en l’àmbit central i local, concernents a l’estipulat en qualsevol dels capítols del tractat, donant accés directe als lobbys empresarials per a influir i modificar en el seu benefici la legislació actual i futura. És a dir, se segueixen anteposant els interessos de les multinacionals als de la ciutadania.
L’acord pretén que les empreses privades tinguen accés a tots els sectors de l’economia sense cap discriminació. Així és que, el TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l’obertura de prestació dels mateixos a les multinacionals, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques, posa en perill tots els serveis públics i les compres públiques en tots els nivells de poder, i compromet la facultat dels representants triats per a administrar lliurement les seues comunitats i promocionar l’activitat industrial, l’ocupació i les iniciatives locals. Si les negociacions sobre el TTIP segueixen avant, la lògica imposada per aquest tractat portaria al desmantellament dels serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders locals per a subministrar els serveis necessaris que permeten satisfer les necessitats socials de les seues poblacions i la promoció de polítiques de foment de l’activitat industrial i de l’ocupació local. Aquesta major liberalització de les relacions comercials EUA-UE, tal com està concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les regulacions que protegeixen al consumidor, als treballadors i al medi ambient, ja que aquestes regulacions s’enfronten als beneficis de les corporacions.
En resum, el TTIP pretén ser un ampli acord de liberalització del comerç i les inversions que representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant l’interés comercial dels inversors i empreses transnacionals a l’interés general. Segons els sindicats, l’acord aprofundirà en les retallades socials, en la reducció dels salaris, i destruirà ocupació en diversos sectors industrials (electrònica, comunicació, equips de transport, metal•lúrgica, paper, serveis a les empreses) i agraris (ramaderia, agrocombustibles, sucre). A més, el TTIP pot facilitar la supressió de regulacions mediambientals o de seguretat alimentària i sanitària, alhora que pot suposar un minvament de les llibertats digitals.
Per al TTIP, els ciutadans no existeixen; només hi ha consumidors, i aquests pertanyen a les empreses privades que controlen els mercats.
D’altra banda, el ple va aprovar la moció conjunta de Compromís i PP que restablia la mensualitat de les sessions plenàries ordinàries. Amb els vots a favor dels proponents es va restablir la periodicitat dels plens que l’equip de govern havia modificat en el ple anterior valent-se de l’absència, per motius laborals ineludibles, de la portaveu del PP.
Una altra moció conjunta de Compromís i PP, concernent al control de allò publicat en el Butlletí Informatiu Municipal (BIM) i l’obertura del seu contingut a la participació dels partits polítics i altres associacions socials i culturals, va ser retirada de l’ordre del dia a la vista d’un informe de la Secretaria Municipal que considerava il•legal la seua tramitació perquè suposadament afectava una competència de l’Alcaldia i no del ple. Els partits proponents de la moció van comunicar al ple que s’estudiaria la situació i es tornaria a presentar la moció una vegada esmenats els suposats motius d’il•legalitat.